Los vecinos del barrio de Pueblo Nuevo paran dos desahucios en menos de un mes

“¡Sí, se puede!” es una de las frases más coreadas y sentidas estos días en el madrileño barrio de Pueblo Nuevo. Dos familias que iban a ser desahuciadas van a seguir viviendo en sus casas, gracias a la unión entre los vecinos, la asamblea del barrio, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la coordinadora ecuatoriana CONADEE. En un pulso con Caja España y Bankia, las acciones llevadas a cabo por esta confluencia de fuerzas consiguieron evitar los desahucios previstos. 

Las dos familias son, por un lado, la formada por Nelson, Kelly y sus dos hijos pequeños, víctimas de la trama de las llamadas “hipotecas basura”, y, por otro, la de Silvia, Rommy y su hijo de 11 años, una familia que, como muchas otras en España, ha visto cómo la cuantía de la cuota de su hipoteca casi se doblaba, mientras la crisis y paro se cebaban con ellos.

No podemos tolerar, como vecinos que convivimos en un mismo barrio, la situación de desamparo en la que se quedan las familias que son echadas de sus casas. Está claro que los poderosos abusan mientras no les señalemos, ellos dejan de cometer sus atropellos cuando hacemos que se vea su verdadero rostro y empieza a correr peligro su imagen. Queremos que se mantenga intacta esa red social a la que todos pertenecemos, y hemos demostrado que, unidos, podemos conseguirlo.

De los muchos desahucios que tienen lugar en Madrid, la gran mayoría pasan desapercibidos, puesto que las familias afectadas lo llevan en secreto por vergüenza e inseguridad. Pero ese no es el caso de Nelson y Kelly, una pareja ecuatoriana con dos hijos pequeños, que viven –y hoy ya podemos decir que seguirán viviendo– en la calle Virgen del Lluc, una paralela a Alcalá. Kelly, una joven madre ecuatoriana con iniciativa, acudió hace un mes a la asamblea del 15M, que se reúne los sábados en la plaza de Quintana, solicitando ayuda. Iban a ser desahuciados a los pocos días por Caja España.

Has sido víctimas, como muchas otras personas, inmigrantes en su mayoría, de contratos hipotecarios con cláusulas abusivas y condiciones irregulares realizados por la Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI), cuyo gerente, Enrique Caño, fue detenido el pasado año por un presunto delito de estafa, tras la denuncia presentada por varias familias afectadas con la ayuda de la asociación ecuatoriana CONADEE. El acusado conseguía créditos para personas con escasa solvencia económica mediante una trama de avales cruzados, de manera que los hipotecados se avalaban unos a otros sin que muchas veces se conocieran entre sí. Cerraba sus operaciones con entidades como Caja España, y lo hacía con pocos días de diferencia con objeto de eludir los controles de riesgo del Banco de España. Al menos Caja España tenía pleno conocimiento del modus operandi de Caño, prescriptor de la entidad bancaria, de la cual percibía dinero en pago de las hipotecas negociadas.

La familia consiguió una hipoteca cuya letra, inicialmente establecida en 800 euros, alcanzó los 1.420 euros, una cantidad que superaba con mucho los ingresos familiares. Caja España ordenó el procedimiento de desahucio y se quedó con la vivienda hace unos meses.

El abogado de las familias estafadas —de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH), formada por un pequeño grupo de voluntarios que recorren Madrid cada día, de desahucio en desahucio, asesorando a los afectados— pidió la paralización de la ejecución de los desahucios, en aplicación de las leyes españolas que protegen a los perjudicados por un presunto delito hasta que termine el proceso penal, petición que fue rechazada por los tribunales. Por otro lado, la entidad bancaria no había ni ha entregado aún la información requerida por el juzgado para el esclarecimiento de los hechos

Se convocó a todo el mundo por Internet y redes sociales a acudir a la vivienda el día del desahucio. Ese día acudieron unas 20 personas –menos casi que policías–, pero hubo suerte y el camión de mudanza que tiene que acompañar una ejecución hipotecaria no se presentó. Aún así, los funcionarios y representantes del banco no se fueron sin escuchar varias veces un “Vergüenza me daría, echar a una familia”, e incluso alguno se tapó la cara con una carpeta frente a la presencia de un medio de prensa que estaba cubriendo la noticia.

El desahucio fue pospuesto hasta el día 30 del mes pasado, quince días después. Poco tiempo, poco margen para conseguir algo, pero los vecinos se pusieron en marcha. Recogidas de firmas en el barrio, en los trabajos, universidades… También, una campaña solicitando el envío masivo de correos electrónicos y llamadas a la sucursal de Caja España, que se publicó en Actuable, un portal digital que canaliza cientos de iniciativas ciudadanas. Dos días antes del segundo intento de desahucio –que suele ser definitivo, y va acompañado de una excesiva presencia policial– algunos vecinos de la asamblea, el abogado y otros miembros de la PAH y de la asociación CONADEE, acompañaron a Kelly a entregar las firmas a la sucursal que Caja España tiene en el distrito. Una vez entregadas las firmas, los concentrados no se fueron del lugar. No eran muchos, unos quince, pero repartieron panfletos donde se contaba el caso de la familia, pegaron carteles de denuncia con el logotipo de Caja España, y desplegaron una pancarta que ocupaba toda la fachada del banco y que rezaba: “Fuerza e indignación contra la tiranía de los bancos”. Esto, junto a la presencia de un par de cámaras de televisión, fue demasiado para el director del banco, que llamó a Kelly para que entrase en la oficina con él. Todos contuvieron la respiración en aquellos largos minutos hasta que ella, con lágrimas de emoción, salió anunciando que el desahucio estaba parado definitivamente, que se les permitiría seguir viviendo en su casa, y que negociarían un posible alquiler. Y que, por favor, el director había pedido “que nos fuéramos rápido y retiráramos la pancarta y los carteles”.

Esta alegría que proporcionó esa armoniosa confluencia entre personas de diferente origen y condición, unidos en un objetivo solidario, llenó a todos de fuerza para el siguiente desahucio en el barrio que ya estaba previsto: Esta vez era Bankia, y las víctimas, otra pareja del barrio, Silvia y Rommy. Como tantas otras familias españolas, en el año 2005, cuando la economía del país parecía ir a las mil maravillas, pidieron un crédito hipotecario. La solicitud fue concedida por Bankia utilizando también la dudosa práctica de los avales cruzados: la inmobiliaria que gestionó todo puso como avalista de la familia a una persona que ellos no conocían, mientras que Rommy avaló el contrato hipotecario de aquella persona.

Tres años después, el paro y una prestación por desempleo mínima impidieron a la pareja continuar pagando una letra mensual que había ascendido de 960 a 1.600 euros. Tras negociar con el banco y conseguir, de palabra, una disminución de la cuota, la pareja dejó de pagarla al darse cuenta de que la entidad estaba incumpliendo el acuerdo que habían alcanzado: Bankia seguía sin modificar el contrato hipotecario. Desde entonces, todos los intentos por llegar a un nuevo acuerdo resultaron infructuosos. El banco inició un proceso de ejecución hipotecaria y se quedó con el piso en una subasta judicial que resultó desierta.

Otra vez con muy pocos días para el desahucio, se repitió la operativa. La campaña de Internet, a pesar de estar la Semana Santa de por medio, recogió rápidamente más de mil apoyos: Actuable había puesto en su página de portada el caso de Silvia y su familia, lo que hizo que mucha gente se enterara del caso. Silvia representa la tercera generación de una familia en la que ya han sido desahuciadas su madre y su abuela, todo ello ha ocurrido en estos turbulentos y devastadores tiempos. Y lo que se pedía para eludir un final que parecía predestinado era la dación en pago, es decir, la condonación de la deuda, que ascendía a más de 150.000 euros, dado que Bankia se había quedado ya con la propiedad de la casa. También se solicitaba que se permitiera a la familia seguir viviendo en el piso con un alquiler social, ajustado a sus posibilidades.

Las firmas recogidas en el barrio se entregaron el mismo lunes por la mañana, recién acabadas las vacaciones de Semana Santa. El inminente desahucio estaba previsto, igual que en el caso anterior, para tan solo dos días después. Silvia contaba, además, con las firmas de apoyo de los profesores y padres de alumnos del colegio de su hijo, que está recibiendo tratamiento sicológico.

Pero el director de la sucursal de Caja Madrid, en esta ocasión, no hizo ningún ademán de ponerse nervioso, o de pretender que los manifestantes retiraran la pancarta y dejaran libre las inmediaciones de la sucursal –situada también en la transitada calle Alcalá–. Se limitó a repetir que no tenía potestad para resolver el caso, y que había remitido la documentación a la central. Después de horas de espera, los presentes se retiraron a las dos de la tarde, ya cerrada la oficina, con una sensación de pesadumbre. Pero el abatimiento solo duró un rato, no había tiempo para ello: no quedaba otra solución que ir a parar el desahucio, al portal de la vivienda familiar, situada en la calle Luis Ruiz. Los de la PAH intentaron, en las escasas horas previas que quedaban, negociar con Bankia y así evitar una sentencia que condenaba a la familia a quedarse en la calle y, además, a arrastrar una deuda que no les permitiría levantar cabeza jamás.

Pero a veces ocurren esas cosas que hacen que te reconcilies con la vida y que el futuro se llene de color. Los esfuerzos conjuntos surtieron efecto: a primeras horas de la mañana del día en el que estaba previsto el desahucio –el pasado 11 de abril–, llegó una noticia, un rumor, que fue despertando el ánimo de los que ya se estaban concentrando ante la vivienda de Silvia: la PAH informaba de que Bankia parecía dispuesta a ceder, que podría paralizar el desahucio y negociar con la familia un alquiler social –con una cuota mensual que no superase el 30% de los ingresos familiares–. La gente no sabía si creérselo o no, y, por si acaso, no se disolvió el grupo concentrado ante la vivienda. Pasada la una de la tarde, hora a la que estaba previsto que llegaran los funcionarios y los representantes del banco –podríamos llamarles “los verdugos”–, posiblemente acompañados por un ejército de policías, se confirmó la noticia: Bankia desistía de ejecutar el desahucio y se negociaría un alquiler*.

A partir de ahí, la alegría llegó: unas merecidas cañas, llamadas telefónicas y cientos de mensajes de WhatsApp con aquellos que estaban trabajando y estaban ansiosos por tener noticias frescas, las risas y bromas… La imaginación de todos los que de una manera u otra habían participado en esta victoria destapó las emociones contenidas durante muchos días. Frases y eslóganes aparecían en los móviles y eran “retuiteados” y celebrados por todos: “¡¡Sí, se puede!!”, “¡Dos desahucios parados en 15 días!”, “¡Pueblo Nuevo, territorio libre de rapiña!

Reunidos esa misma tarde algunos miembros de la asamblea, debatiendo nuevas acciones, un compañero de la asamblea que había estado acompañando a una nerviosa Silvia desde primera hora de la mañana, recibió un mensaje de ella, destinado a todos, que decía: “Un abrazo”.

*Días después se logró el acuerdo de un alquiler social de 350 euros al mes, durante 5 años.

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA DE LOS DESAHUCIOS. PROPUESTAS Y SOLUCIONES

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia que el llamado “Código de buenas prácticas sobre desahucios” para los bancos anunciado por el Gobierno no soluciona este gran drama de nuestro país, donde más de 150 familias son desahuciadas cada día. Las condiciones que se le exigen a los afectados para acogerse a la medida son draconianas: todos los miembros de la familia tienen que estar en paro, el valor de la vivienda no puede exceder unos topes y ésta no puede estar avalada. Además, aunque se cumplan estos requisitos, es el banco el que tiene la última palabra.

La PAH prevé que el número de familias que se podrán acoger a esta medida no llegará al 1%. Según ellos, la medida se trata de un simple lavado de cara y, además, de un negocio para los bancos, ya que se aplicarán desgravaciones fiscales cuando acepten la dación en pago.

En estos momentos hay cerca de un millón de expedientes de ejecución hipotecaria, es decir, de familias a punto de ser desahuciadas, algo que va en aumento porque el problema está ligado a la destrucción de empleo y la bajada de los salarios. La mala regulación del sistema bancario hace que no sólo corran el riesgo de perder sus casas y quedarse en la calle, sino también a tener el futuro endeudado, ya que ahora los bancos están tasando las mismas viviendas a precios inferiores.

Los ciudadanos somos víctimas de un fraude hipotecario generalizado y de unas cláusulas contractuales abusivas. Fueron los bancos los que facilitaron y otorgaron hipotecas a personas que tenían unos ingresos bajos. Sobrevaloraron la tasación de la vivienda, inflando el precio y aumentando, así, la deuda contraída

Asimismo, el Ejecutivo ha potenciado con las nuevas medidas las subastas judiciales, con lo que el proceso de desahucio ahora puede durar solo dos o tres meses, por lo que las posibilidades de las familias de buscar una alternativa habitacional se reducen de manera drástica.

Las soluciones que propone la PAH, y que la asamblea de Pueblo Nuevo suscribe, son: el alquiler social –los bancos saldrían beneficiados, ya que poseen cientos de miles de viviendas vacías–, la dación en pago, la moratoria de desahucio –ya que el único “delito” que han cometido las familias es no encontrar trabajo–, y una auditoría social que permita identificar a los responsables del problema.

Comisión de Comunicación de la Asamblea Pueblo Nuevo
Correo-e: comunicacion.pueblonuevo@gmail.com
WEB: pueblonuevo.tomalosbarrios.net
Twitter: @asambleaPNuevo
Facebook: Asamblea Popular de Pueblo Nuevo

_______________________________________

*Vídeo de la asamblea Pueblo Nuevo sobre el desahucio de Kelly: http://youtu.be/riWKldKIKEs
*http://actuable.es/retos/dile-caja-espana-no-eche-su-casa-nelson-y-kelly
*http://actuable.es/peticiones/pide-bankia-dacion-pago-y-alquiler-justo-silvia
*Fichero adjunto con fotografías de ambos desahucios (se pueden pedir fotos en alta resolución por correo electrónico).